El Congreso dominicano estudia un proyecto de reforma a la Ley Orgánica 590-16 de la Policía Nacional que plantea una reestructuración de la institución, con cambios en la carrera policial, los mecanismos de supervisión, el régimen disciplinario y los procedimientos operativos, como parte del proceso de transformación iniciado en 2021.
La iniciativa busca fortalecer la profesionalización de la institución mediante un sistema de ascensos basado en el mérito, ampliar la supervisión civil sobre la Policía Nacional y establecer nuevas normas para las actuaciones de los agentes durante los procedimientos con ciudadanos.
Uno de los principales cambios contempla que la Dirección de Asuntos Internos pase a depender del Ministerio de Interior y Policía, en lugar de permanecer bajo la estructura de la propia institución. La propuesta busca reforzar la independencia de las investigaciones sobre presuntas faltas disciplinarias, actos de corrupción y denuncias por abuso de autoridad.
El proyecto también establece que los ascensos estarán sujetos a evaluaciones de desempeño, formación académica, experiencia y conducta institucional, mediante una Junta Evaluadora encargada de analizar la trayectoria de cada agente antes de recomendar promociones.
La reforma crea además el Centro Nacional de Estándares de la Profesión Policial, organismo que definiría los requisitos mínimos de formación, evaluación y capacitación continua para los miembros de la institución.
Otro de los ejes de la iniciativa es reforzar la subordinación de la Policía Nacional al Ministerio de Interior y Policía, con el propósito de ampliar la supervisión civil sobre las políticas de seguridad ciudadana.
En materia operativa, el proyecto incorpora reglas para procedimientos como identificaciones, registros, requisas, traslados y mediaciones, con el objetivo de establecer criterios uniformes de actuación y fortalecer las garantías de los ciudadanos durante las intervenciones policiales.
La propuesta también elimina el rango de raso dentro de la institución y prohíbe expresamente que los agentes realicen tocamientos en zonas íntimas o exijan a una persona desnudarse durante un registro superficial.
Asimismo, establece como obligatorio el uso de cámaras corporales durante los procedimientos policiales, las cuales deberán permanecer activadas durante toda la intervención. El incumplimiento de esta disposición constituiría una falta disciplinaria grave.
El proyecto reconoce además el derecho de los ciudadanos a grabar las actuaciones policiales y prohíbe que las intervenciones se fundamenten en prejuicios relacionados con la raza, la apariencia física o la identidad de género.
La iniciativa también contempla sanciones para los superiores que asignen agentes como personal de seguridad de instituciones privadas o particulares fuera de las funciones autorizadas por la ley.
La reforma forma parte del proceso de modernización de la Policía Nacional impulsado por el gobierno desde 2021. No obstante, organizaciones de derechos humanos y distintos sectores han señalado que los casos de uso excesivo de la fuerza continúan registrándose pese a las medidas implementadas durante los últimos años.
El Senado convocó para este viernes una sesión extraordinaria con el objetivo de conocer el proyecto en segunda lectura. De ser aprobado, la iniciativa será remitida a la Cámara de Diputados para continuar su trámite legislativo.
