Un juez federal de Estados Unidos dejó sin efecto este lunes la tarifa de 100,000 dólares impuesta por la administración del presidente Donald Trump a las nuevas solicitudes de visas H-1B, al considerar que el Poder Ejecutivo excedió sus facultades legales.
La decisión fue emitida por el juez de distrito Leo Sorokin, en Boston, quien falló a favor de una demanda presentada por 20 estados y concluyó que la medida violó la Ley de Procedimiento Administrativo, que regula la elaboración y aplicación de normas por parte de las agencias federales.
“La corte concluye que la política impone un gravamen a las peticiones H-1B sin la delegación necesaria por parte del Congreso”, escribió Sorokin en su dictamen.
La administración Trump había defendido el incremento de la tarifa como una herramienta para desalentar la contratación de trabajadores extranjeros y favorecer la creación de empleos para ciudadanos estadounidenses.
Las visas H-1B están destinadas a profesionales altamente calificados en áreas donde existe escasez de mano de obra local. Grandes compañías tecnológicas son las principales usuarias de este programa y cerca de tres cuartas partes de las aprobaciones corresponden a trabajadores procedentes de India.
Los estados demandantes argumentaron que el aumento afectaría la contratación de médicos, profesores y personal académico, dificultando además la cobertura de vacantes en escuelas, universidades públicas y centros de investigación.
Antes de la implementación de la medida, las solicitudes de visas H-1B ya implicaban costos de varios miles de dólares. Sin embargo, la tarifa adicional de 100,000 dólares provocó preocupación entre empleadores, estudiantes y trabajadores tanto dentro como fuera de Estados Unidos, además de originar múltiples acciones judiciales.
La Cámara de Comercio de Estados Unidos también interpuso una demanda en Washington, D.C., y mantiene una apelación luego de que un tribunal rechazara conceder un fallo sumario en contra del incremento. Como resultado, la tarifa permanecía vigente al menos hasta septiembre de 2026, fecha prevista para su expiración.
Otra demanda fue presentada en un tribunal federal de San Francisco por organizaciones religiosas y grupos laborales, lo que podría derivar en decisiones divergentes en distintos circuitos de apelación.
En su querella, los estados sostuvieron que la medida compromete su capacidad para garantizar servicios esenciales como educación y atención médica, al limitar la contratación de profesionales extranjeros.
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional expresó su desacuerdo con la decisión judicial y calificó el fallo como un ejemplo de “activismo judicial” que, según la agencia, socava los esfuerzos de la administración Trump en materia de reforma migratoria.
