El juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, impuso medidas de coerción a 24 de los 26 imputados en el caso SeNaSa 2.0-A, mientras que los otros dos quedaron en libertad sin ningún tipo de restricción.
La decisión fue adoptada la noche de este domingo, luego de varias jornadas de audiencia. De acuerdo con los reportes sobre el fallo, el tribunal dictó prisión preventiva para siete imputados, arresto domiciliario para nueve y medidas menos gravosas para otros seis.
Con esta resolución, el juez no acogió en su totalidad la solicitud del Ministerio Público, que inicialmente había pedido 18 meses de prisión preventiva para los 26 imputados, además de que el proceso fuera declarado de tramitación compleja.
Durante el desarrollo de las audiencias, la Fiscalía modificó su petición respecto de nueve de los procesados y solicitó para ellos arresto domiciliario, al considerar que habían admitido los hechos que se les atribuyen, mostrado arrepentimiento y colaborado con la investigación.
El Ministerio Público informó que 13 de los 26 imputados admitieron los hechos. Sin embargo, la solicitud de arresto domiciliario fue planteada únicamente para nueve de ellos, tomando en cuenta, según explicó la Fiscalía, el nivel de colaboración mostrado durante la investigación.
Para los seis imputados a quienes se impusieron medidas menos gravosas, el tribunal estableció, según los reportes del fallo, garantía económica, impedimento de salida del país y presentación periódica.
De esta manera, el proceso continúa con siete imputados en prisión preventiva, nueve bajo arresto domiciliario y seis sometidos a restricciones que no implican privación de libertad. Los otros dos quedaron libres sin medidas de coerción.
Un expediente con cientos de elementos de prueba
El caso corresponde a la Operación Cobra 2.0-A, una segunda etapa de la investigación del Ministerio Público sobre presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de recursos y servicios del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
Durante las audiencias, el órgano acusador presentó los elementos con los que busca sustentar las imputaciones contra los procesados.
En una de las exposiciones, la procuradora de corte Mirna Ortiz señaló que el expediente contenía 483 elementos probatorios, entre documentos, evidencias materiales, documentos procesales y peritajes.
Posteriormente, el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, se refirió a un total de 706 medios de prueba durante la fase final de la audiencia.
El Ministerio Público sostiene que los imputados estarían vinculados a un supuesto esquema de corrupción relacionado con el manejo de recursos y servicios de SeNaSa.
Entre los delitos atribuidos figuran coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
Estas imputaciones forman parte de la acusación presentada por el Ministerio Público y deberán ser determinadas durante el proceso judicial, conforme avance el caso.
Segunda etapa de la Operación Cobra
La Operación Cobra 2.0-A forma parte de una investigación que comenzó con la primera Operación Cobra, proceso en el que fueron sometidos a la Justicia, entre otros, el exdirector ejecutivo de SeNaSa Santiago Marcelo F. Hazim Albainy y otros nueve imputados.
La nueva fase amplía las investigaciones sobre presuntas irregularidades dentro del seguro estatal y coloca nuevamente a SeNaSa en el centro de uno de los principales procesos judiciales por corrupción administrativa del país.
