Las inundaciones registradas en noviembre de 2022 y 2023 dejaron importantes daños en el Gran Santo Domingo, con calles y parqueos anegados, vehículos arrastrados por las corrientes y miles de personas afectadas por las lluvias torrenciales. Los episodios también pusieron en evidencia las deficiencias del drenaje pluvial y las limitaciones de los sistemas de prevención.
Cuatro años después del primer evento, persisten interrogantes sobre cuánto ha avanzado la ciudad para enfrentar fenómenos similares, pese a las inversiones en saneamiento de cañadas, mantenimiento de drenajes y modernización de los sistemas de alerta.
Las autoridades aseguran que se han ejecutado obras y fortalecido los mecanismos de prevención. Sin embargo, especialistas y residentes de sectores vulnerables advierten que continúan problemas estructurales que mantienen a numerosas comunidades expuestas.
Patrones de lluvia más variables
Carla Morales, jefa de pronósticos del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), advierte sobre una mayor variabilidad en los patrones de precipitaciones.
Como ejemplo, cita las lluvias registradas en marzo y abril de 2026, pese a que marzo suele ser uno de los meses relativamente más secos. A su juicio, los episodios de noviembre de 2023 y abril de este año evidencian cómo grandes volúmenes de agua pueden concentrarse en pocas horas y generar situaciones de emergencia.
Inversiones en saneamiento de cañadas
La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) informa que ha intervenido ocho cañadas principales: Guajimía, El Indio, Las Caobas, Arroyo Lebrón, Hato Nuevo, La Ureña, Manoguayabo y El Café.
Las inversiones superan los RD$11,000 millones, a los que se suman RD$1,160 millones destinados al saneamiento de cañadas en Los Alcarrizos. En octubre de 2026, el Gobierno anunció la entrega de los trabajos en las cañadas El Indio y Buenos Aires de Herrera, en Santo Domingo Oeste.
No obstante, la ejecución de estas obras no permite determinar por sí sola cuánto ha disminuido el riesgo de inundaciones en las comunidades cercanas.
El hidrólogo Ricardo Hernández atribuye parte del problema al crecimiento urbano acelerado y desordenado, que desde finales de la década de 1970 ha reducido los terrenos permeables y las áreas verdes, sustituyéndolos por superficies de concreto y asfalto.
Explica que numerosos proyectos inmobiliarios descargan las aguas pluviales directamente hacia las calles, trasladando al Estado y a los ciudadanos las consecuencias de una planificación deficiente.
Según los datos citados por el especialista, a principios de la década de 2010 apenas el 22 % de la ciudad contaba con alcantarillado pluvial, mientras que parte de esa infraestructura resulta insuficiente para manejar los caudales actuales.
El arquitecto Omar Rancier coincide en que el principal problema no radica necesariamente en la falta de regulaciones, sino en su incumplimiento. Considera que una aplicación sostenida de las normas urbanísticas habría permitido desarrollar una ciudad mejor preparada.
Entre sus propuestas figuran recuperar espacios verdes, reducir las superficies pavimentadas y exigir el cumplimiento de las disposiciones sobre infraestructura y drenaje urbano.
Comunidades que continúan expuestas
La percepción de los residentes de las zonas vulnerables contrasta con los avances reportados por las instituciones.
Zunilda Martínez, residente en la ribera del río Ozama, debajo del puente de Las Lilas, en Santo Domingo Este, denuncia la falta de intervenciones para proteger a las familias que permanecen en el área, luego del desalojo de numerosas viviendas como parte del proyecto de recuperación de la margen oriental del afluente.
Sostiene que la retirada de las viviendas ha dejado terrenos despejados por donde el agua circula con mayor facilidad y asegura que las autoridades no han ejecutado trabajos para atender esa situación.
En La Ciénaga y Los Guandules también persisten las quejas por las condiciones de las cañadas y la falta de respuesta institucional.
Eladio Santos, presidente de la junta de vecinos del Callejón 10, cuestiona la ausencia de acompañamiento de las autoridades y afirma que los residentes tienen dificultades incluso para comunicarse con las instituciones responsables.
Fortalecimiento de las alertas tempranas
El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) destaca avances en los protocolos de alerta y en la coordinación con Indomet y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi).
Entre las mejoras señala la adquisición de radares meteorológicos y el fortalecimiento de herramientas automatizadas para la elaboración de pronósticos.
Sin embargo, reconoce que la efectividad de estos recursos depende de su mantenimiento, disponibilidad operativa y capacidad para transmitir las advertencias a tiempo.
El organismo considera que las alertas no deben limitarse a su emisión desde las instancias nacionales, sino que deben llegar de manera clara y oportuna a las comunidades en situación de mayor vulnerabilidad.
En el ámbito normativo, una resolución contempla la difusión de mensajes de emergencia mediante redes de telecomunicaciones, radio, televisión y tecnología Cell Broadcast, que permite enviar notificaciones directamente a los teléfonos móviles.
Mantenimiento del drenaje pluvial
La Alcaldía del Distrito Nacional informa que entre 2023 y 2024 realizó 6,120 servicios de limpieza de imbornales y filtrantes.
El contrato de mantenimiento se extendió hasta 2025, mientras que en 2026 comenzó un nuevo proceso de contratación por RD$125.8 millones.
La institución también reporta la instalación de semáforos pluviales en puntos críticos y cámaras conectadas al Sistema 911 para monitorear el aumento del nivel del agua.
Entre las intervenciones realizadas menciona la instalación de una bomba en Los Platanitos y trabajos en las urbanizaciones Fernández, Rosmil y Los Restauradores.
Por su parte, la Alcaldía de Santo Domingo Norte informa sobre operativos de limpieza de calles, imbornales y cañadas en Villa Mella, Guaricano, El Higüero, Sabana Perdida y otros sectores del municipio.
Obras de prevención en otras provincias
Las intervenciones para reducir los efectos de las inundaciones también abarcan ríos y zonas agrícolas vulnerables.
El director del Indrhi, Olmedo Caba, cita los trabajos de dragado y adecuación en los ríos Támara, Jura, Viahama, La Cueva, Baní, Nizao, Yuna y Boba.
En el Bajo Yuna, las labores incluyen el reforzamiento de muros de contención y mejoras en los sistemas de drenaje agrícola.
El funcionario indica que el organismo ha destinado cerca de RD$1,000 millones a la adquisición de maquinaria pesada y que, al incluir combustible y mantenimiento, la inversión acumulada en prevención supera los RD$3,000 millones.
Caba considera necesario preparar al país tanto para períodos de sequía como para episodios de precipitaciones extremas, mediante intervenciones sustentadas en criterios técnicos y ambientales.
Recursos para atender emergencias
La Ley Orgánica de Presupuesto establece una asignación anual equivalente al 1 % de los ingresos corrientes para enfrentar calamidades. Sin embargo, las restricciones fiscales han provocado que se presupuesten montos inferiores.
La legislación presupuestaria permite incorporar recursos adicionales hasta alcanzar el 0.5 % del producto interno bruto. En caso de calamidad, el Gobierno también puede solicitar financiamiento extraordinario al Congreso Nacional.
Según la información suministrada, las emergencias se han atendido hasta ahora con recursos internos, dentro de los límites de financiamiento autorizados.
Aunque las inversiones en infraestructura y los nuevos mecanismos de alerta representan avances respecto a años anteriores, el Gran Santo Domingo todavía enfrenta desafíos relacionados con la capacidad del drenaje pluvial, el cumplimiento de las normas urbanísticas y la protección de los asentamientos más vulnerables.
La magnitud de esos avances quedará puesta a prueba cuando se produzcan nuevos episodios de lluvias extremas.
