El empresario colombiano Alex Saab, señalado como presunto testaferro del expresidente venezolano Nicolás Maduro, se declaró culpable este martes de conspiración para cometer lavado de dinero ante un tribunal federal de Miami, Estados Unidos, y acordó entregar US$195 millones obtenidos mediante operaciones ilícitas.
Saab, de 54 años, modificó su declaración inicial de no culpabilidad como parte de un acuerdo con la Fiscalía estadounidense, que contempla su cooperación con las autoridades y la entrega de los fondos vinculados a una trama de corrupción.
Aunque las autoridades no han divulgado los detalles del acuerdo, la agencia EFE informó que el empresario se habría comprometido a proporcionar información sobre altos funcionarios venezolanos.
La Fiscalía podría solicitar una reducción de la condena si considera que la cooperación de Saab resulta valiosa para el proceso contra otros implicados, según informó The Associated Press (AP). Por el delito de lavado de dinero, el empresario enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión.
Saab fue deportado a Estados Unidos en mayo pasado, cuatro meses después de la captura de Maduro en Caracas durante una operación militar estadounidense que dejó a la entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez, al frente del Gobierno venezolano como presidenta interina.
El 18 de mayo compareció ante un tribunal federal de Miami, donde fue informado de los cargos en su contra por presunta conspiración para lavar dinero y ocultar el origen y control de fondos vinculados a Venezuela, según EFE. El expediente también hace referencia a supuestos delitos de fraude electrónico, soborno y desvío de recursos públicos.
Negocios con el Gobierno venezolano
Saab adquirió relevancia durante el Gobierno de Maduro a través de contratos relacionados con proyectos de construcción de viviendas y, posteriormente, con el programa de distribución de alimentos conocido como Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
Su participación en ambos negocios fue objeto de investigaciones periodísticas y señalamientos de corrupción.
El portal venezolano de investigación Armando.Info reveló que Saab recibió US$159 millones del Gobierno venezolano entre 2012 y 2013 para importar materiales de construcción destinados a viviendas, pero que supuestamente solo entregó productos por un valor equivalente a US$3 millones.
Las autoridades estadounidenses también sostienen que las viviendas contratadas no fueron construidas o se ejecutaron con sobrecostos.
En el caso del programa CLAP, investigaciones periodísticas publicadas en 2018 señalaron que Saab y su socio colombiano Álvaro Enrique Pulido Vargas se beneficiaron de contratos millonarios para suministrar alimentos al Gobierno venezolano.
En 2019, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a ambos empresarios de lavar hasta US$350 millones mediante el sistema de control cambiario de Venezuela.
Las acusaciones que enfrenta Saab en Miami están relacionadas con su participación en el programa de asistencia alimentaria.
Detención y extradición
Saab fue detenido en 2020 en Cabo Verde, cuando el avión en el que viajaba realizó una escala para reabastecerse de combustible. El Gobierno venezolano afirmó entonces que cumplía una misión humanitaria de alto nivel con destino a Irán.
En ese momento, Estados Unidos lo acusaba de lavado de dinero y otros delitos, mientras que en Colombia y otros países era señalado como presunto intermediario en redes de corrupción vinculadas al Gobierno venezolano.
Maduro calificó su detención como un secuestro y emprendió gestiones diplomáticas para lograr su liberación. Incluso intentó otorgarle protección diplomática mediante su nombramiento como embajador.
Sin embargo, Saab fue extraditado a Estados Unidos, donde permaneció detenido durante dos años, hasta que fue liberado en diciembre de 2023 como parte de un intercambio de detenidos acordado con el Gobierno del entonces presidente Joe Biden.
El acuerdo incluyó la liberación de una veintena de personas, entre ellas 10 estadounidenses que estaban presos en Venezuela.
Tanto Saab como el Gobierno de Maduro rechazaron los señalamientos en su contra.
Tras regresar a Venezuela, Saab fue nombrado ministro de Industria. Sin embargo, luego de la captura de Maduro en enero pasado, fue detenido en Caracas en febrero durante una operación conjunta de autoridades estadounidenses y venezolanas.
Tres meses después fue extraditado nuevamente a Estados Unidos, donde ahora enfrenta el proceso judicial.
El expediente menciona a altos funcionarios venezolanos
La declaración de culpabilidad de Saab se produce mientras Maduro y su esposa, Cilia Flores, también enfrentan procesos judiciales en Estados Unidos, lo que ha generado interrogantes sobre una posible conexión entre ambos casos.
El expediente contra Saab incluye a otras personas que ocupan u ocuparon cargos de alto nivel en Venezuela. Entre ellas figura José Gregorio Vielma Mora, diputado del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), quien fue superintendente tributario, gobernador del estado Táchira y ministro de Comercio Exterior.
El documento de relación de hechos, firmado por Saab como parte del proceso, no menciona expresamente a Maduro ni a Flores. Sin embargo, identifica a otros cuatro acusados cuyos nombres no han sido divulgados.
La acusación sostiene que Saab, Pulido y funcionarios venezolanos de alto nivel habrían conspirado para obtener contratos lucrativos mediante sobornos, relacionados con la importación de alimentos y medicinas para programas de asistencia social.
Según el expediente, algunos participantes no cumplieron íntegramente los contratos y utilizaron empresas ficticias, facturas falsas y registros de envío fraudulentos para desviar cientos de millones de dólares.
El documento afirma que el esquema contó con la aprobación, participación y protección de algunas de las más altas autoridades del Gobierno venezolano.
Un funcionario sin identificar
Uno de los señalados en el expediente aparece bajo el nombre de «Funcionario Gubernamental 1A», cuya identidad no ha sido revelada.
Según el documento, Saab se reunió con esa persona al comienzo de la conspiración y obtuvo su aprobación para poner en marcha el esquema. A cambio de apoyo y protección, habría realizado pagos dentro y fuera de Venezuela.
El expediente también indica que ambas partes acordaron que otro acusado actuaría como representante o intermediario del funcionario y recibiría pagos ilícitos en su nombre.
En cuanto a Vielma Mora, el documento detalla que a principios de 2016 Saab, el funcionario no identificado, el entonces gobernador de Táchira y otras personas acordaron la adjudicación de un contrato para distribuir 10 millones de cajas de alimentos.
El contrato fue otorgado y supervisado por la gobernación de Táchira y financiado con recursos del Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden), una entidad estatal creada durante el Gobierno de Hugo Chávez.
Como parte del acuerdo, Saab y otros implicados habrían convenido pagar a Vielma Mora aproximadamente US$17 millones en sobornos, comisiones ilegales y otros pagos ilícitos a cambio de su influencia en la adjudicación de ese contrato y de otros futuros.
El documento agrega que, tras su regreso a Venezuela en 2023, Saab se incorporó al Gobierno como ministro de Industria y recibió fondos procedentes de contratos anteriores del programa CLAP.
Asimismo, sostiene que continuó colaborando con funcionarios venezolanos y sus representantes involucrados en otros esquemas ilegales, incluido el funcionario identificado como «Funcionario Gubernamental 1A».
