ASUNCIÓN.– La intervención y el proceso de liquidación de Ueno Bank, una de las principales entidades financieras de Paraguay, han desencadenado una crisis económica y política en ese país, luego de que el Banco Central detectara graves problemas de solvencia que obligaron a suspender sus operaciones y dejaron temporalmente sin acceso a sus ahorros a cerca de tres millones de clientes.
La decisión fue adoptada el pasado martes 3 de noviembre, después de que el organismo regulador determinara que el índice de solvencia de la entidad había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido por la legislación bancaria.
La medida implicó el cierre de sus sucursales y la suspensión de sus servicios digitales, lo que generó incertidumbre entre los depositantes, incluidos jubilados que reciben sus pensiones a través de la institución.
El alcance de la crisis también puso en riesgo importantes recursos públicos. El Instituto de Previsión Social (IPS) mantenía inversiones por aproximadamente 355 millones de dólares en Ueno Bank, mientras que la entidad administraba fondos de otras instituciones estatales, entre ellas la Administración Nacional de Electricidad y la represa binacional de Itaipú.
Ante la situación, el Banco Central activó el Fondo de Garantía de Depósitos, que contempla una cobertura de hasta 75 salarios mínimos, equivalentes a unos 38,622 dólares por depositante. Este jueves comenzaron los primeros desembolsos, de hasta 10 millones de guaraníes (unos 1,565 dólares), para los clientes que cumplen las condiciones establecidas por las autoridades.
Detenciones e investigaciones
La crisis también derivó en una investigación penal sobre las operaciones de la entidad. Las autoridades ordenaron la detención de ocho directivos y ejecutivos del banco, mientras la Fiscalía abrió pesquisas por posibles irregularidades financieras.
Entre los cuestionamientos figura el crecimiento acelerado de la institución y los préstamos concedidos a empresas vinculadas con sus propietarios, además de las relaciones empresariales que existieron entre el presidente Santiago Peña y el grupo económico relacionado con el banco.
Peña fue socio del Grupo Vázquez, propietario mayoritario de Ueno, hasta marzo de 2025. También generó controversia el nombramiento de Carlos Carvallo, antiguo titular de la financiera que dio origen a Ueno, como presidente del Banco Central en 2023.
Carvallo presentó su renuncia en medio de las críticas sobre la supervisión de la entidad financiera.
Renuncia presidencial y crisis institucional
El escándalo alcanzó al Ejecutivo y provocó una fuerte división dentro del oficialista Partido Colorado. El expresidente Horacio Cartes, principal dirigente de esa organización política, respaldó el inicio de un proceso de destitución contra Peña, en medio de las acusaciones relacionadas con el manejo de los recursos públicos y los vínculos con la entidad financiera.
Ante la presión política, el mandatario anunció el jueves 5 de noviembre su renuncia a la Presidencia, alegando que su decisión buscaba contribuir a la estabilidad del país y preservar sus instituciones democráticas.
Sin embargo, su dimisión no fue aceptada por el Congreso, cuya sesión quedó sin cuórum, mientras avanzan las discusiones sobre un eventual juicio político.
La crisis también provocó manifestaciones de ahorristas en Asunción, algunos de los cuales reclamaron frente a las sucursales cerradas el acceso a sus recursos.
El caso de Ueno Bank representa uno de los mayores desafíos financieros e institucionales recientes para Paraguay y ha abierto interrogantes sobre los mecanismos de supervisión bancaria, la exposición de los fondos públicos y los posibles conflictos de intereses entre el sector financiero y el poder político.
