SANTO DOMINGO.— El caso denominado Senasa 2.0 inició su recorrido por los tribunales, mientras el Ministerio Público deja abierta la posibilidad de ampliar las investigaciones sobre presuntas irregularidades en el Seguro Nacional de Salud (Senasa).
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó para este miércoles, a las 2:00 de la tarde, el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra los 26 imputados de esta nueva fase de la investigación.
En un expediente de 525 páginas, el Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva y atribuye a los investigados un presunto fraude de RD$41.1 millones, ocurrido entre enero de 2021 y febrero de 2025.
Según la acusación, durante ese período fueron aprobadas 4,363 autorizaciones para consultas y procedimientos médicos facturados a nombre de afiliados de Senasa que, de acuerdo con la investigación, no solicitaron ni recibieron esos servicios.
El supuesto esquema
El Ministerio Público sostiene que el mecanismo utilizaba datos reales de afiliados de Senasa para gestionar autorizaciones de consultas y procedimientos que no se habrían realizado.
Posteriormente, siempre según la acusación, las reclamaciones eran presentadas a la aseguradora estatal para obtener los pagos correspondientes.
Los fiscales también señalan que esta práctica podía afectar directamente a los afiliados, debido a que los servicios reclamados consumían parte de la cobertura disponible en sus pólizas.
Entre las irregularidades descritas figuran expedientes clínicos elaborados con datos de personas que supuestamente nunca recibieron los servicios, así como el uso de firmas presuntamente falsificadas y sellos médicos.
La acusación menciona incluso casos de consultas ginecológicas registradas a nombre de hombres que, según el expediente, negaron haber recibido esos servicios.
Empleados y exempleados bajo investigación
La investigación también identifica a empleados y exempleados de Senasa que, de acuerdo con el Ministerio Público, habrían facilitado el acceso a información confidencial o intervenido en la agilización de pagos.
Entre los señalados figura Ángel Luis Guzmán Vásquez, quien se desempeñó como auxiliar de Autorizaciones Médicas y es considerado por los fiscales como uno de los principales articuladores de esta línea de investigación.
Guzmán Vásquez fue detenido en abril cuando intentaba salir del país y actualmente cumple prisión preventiva.
Su hermano, Angeury Guzmán Vásquez, figura entre los nuevos imputados.
El abogado de ambos, Billy Gerónimo, afirmó que sus representados están dispuestos a colaborar con el Ministerio Público y que Ángel Luis Guzmán está dispuesto a evaluar una solución alterna al proceso.
La acusación también menciona a la esposa y a los padres de Ángel Luis Guzmán, aunque no figuran entre los detenidos.
Los 26 imputados
El expediente incluye a 26 personas, aunque al momento de darse a conocer la información no había sido identificado públicamente el imputado número 26.
Entre los 25 identificados figuran:
- Angeury Guzmán Vásquez
- Heidy Coronado Paulino
- Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova
- Lucreisy Polanco Núñez
- Einstein Rafael Borromé Valdez
- Juan Henry Poueriet
- Hanna Rashell Rodríguez Almánzar
- Luz Esther Reyes Durán de Ramírez
- Edwin Alberto Batista Cruz
- José Luis Díaz Hernández
- Carlos Job Ynoa Olivero
- Guillermo Enrique Dicló Garabito
- Griselda Altagracia Basora Ramírez
- Juan Gabriel Rodríguez Ravelo
- Martha María Saldaña Saldaña
- Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez
- Engels Federico Díaz Mendoza
- Keila Beatriz Acosta Leonardo
- Rafael Mauricio Cabral González
- Laura Altagracia Santana Evangelista
- Víctor Felipe Rodríguez García
- Wander Manuel Díaz Encarnación
- Yocaira Antonia Méndez Beltré
- Marcelino Eusebio Figuereo
- Ray Ernesto Mercedes Lugo
Un caso que se suma a otras investigaciones
Senasa 2.0 se suma al proceso iniciado en diciembre de 2025 contra el entonces director ejecutivo de Senasa, Santiago Hazim, y otras nueve personas.
En ese expediente, el Ministerio Público atribuye a una estructura vinculada con la pasada administración de la aseguradora estatal un presunto perjuicio superior a RD$15,900 millones.
La acusación contempla, entre otras supuestas irregularidades, contrataciones y facturaciones cuestionadas, sobornos, programas especiales sin sustento jurídico y manipulación de estados financieros.
En diciembre, el juez Rigoberto Sena impuso 18 meses de prisión preventiva a Hazim y otros seis imputados, además de declarar el proceso complejo. A otros tres acusados les fueron impuestas medidas menos gravosas, luego de que, según el Ministerio Público, colaboraran con la investigación.
Otras líneas de investigación
El Ministerio Público ha señalado que las pesquisas relacionadas con Senasa abarcan distintas líneas y no se limitan al expediente contra Hazim ni a la investigación denominada Senasa 2.0.
Entre ellas figura el caso Onco14, relacionado con el Instituto Oncológico Regional del Cibao. En este expediente, los fiscales sostienen que se habrían modificado indicaciones médicas para agregar estudios y procedimientos y, con ello, incrementar las facturaciones a Senasa.
La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, advirtió que las investigaciones podrían involucrar posteriormente a otras personas o entidades.
“Hasta el momento son personas físicas”, declaró Ortiz, antes de señalar que este tipo de investigaciones “suelen ampliarse” y que “apenas estamos comenzando”.
El director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, también publicó en la red social X un mensaje compuesto por “3.0” y varios emojis relacionados con maquinaria, una ambulancia, un reloj de arena y la justicia, sin mencionar directamente a Senasa ni explicar el significado de la publicación.
Por ahora, la nueva fase de las investigaciones llega a los tribunales con 26 imputados, una acusación de 525 páginas y un presunto perjuicio de RD$41.1 millones.
La próxima etapa será la audiencia prevista para este miércoles 23 de septiembre, cuando el tribunal conocerá la solicitud de medidas de coerción presentada por el Ministerio Público.
